sábado 18 de julio de 2009

Matrimonio de indígenas Awá asesinado por desconocidos en sur colombiano

En la noche del jueves, hombres armados irrumpieron en la casa de Gonzalo Paí y su esposa, María Pascal, y los asesinaron con armas de fuego. Con el asesinato del matrimonio el número de víctimas mortales de la etnia incrementa a 24 este año

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Las autoridades indígenas denunciaron los hechos ante las autoridades en esa región del departamento de Nariño. (Foto: Archivo)

 

Un matrimonio indígena Awá fue asesinado por un grupo de hombres armados en el departamento colombiano de Nariño (sur), notificó este viernes la Organización Nacional Indígena (ONIC). Así, el número de víctimas de la etnia se incrementa a 24 este año.

El doble crimen fue cometido la noche de este jueves por "hombres armados no identificados" en la vía que comunica a las localidades de Tumaco y Pasto, y se desconocen las causas, precisó la ONIC en un comunicado, en el que además se detalló que la mujer tenía seis meses de embarazo.

En la noche del jueves, hombres armados irrumpieron en la casa de Gonzalo Paí y su esposa, María Pascal, y los asesinaron con armas de fuego.

"Los responsables de este asesinato son actores armados, no identificados, que merodean la zona. De este nuevo acto de violencia quedan cinco menores de edad huérfanos", señaló el comunicado.

Las autoridades indígenas denunciaron los hechos ante el gobierno en esa región, perteneciente al departamento Nariño, fronterizo con Ecuador.

Por otra parte, las autoridares originarias recordaron que los líderes y representantes de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) son sometidos a seguimientos, persecuciones y constantes amenazas tanto en los resguardos como en Pasto, la capital de Nariño.

Este grupo autóctono, cuyo nombre en su propia lengua (Awapit) significa "gente", ha sobrevivido a presiones de colonizadores, guerras civiles, madereros furtivos y a la minería del oro y de los cultivos de coca. También han subsistido a la presencia de grupos armadas por el auge del narcotráfico.

En Colombia se calcula que hay al menos 27 mil 500 Awás, los cuales conforman más de 120 comunidades en un territorio de 322 mil hectáreas repartido entre los departamentos de Nariño y Putumayo.

Originalmente eran cazadores, pero debido sobre todo al conflicto armado interno en Colombia tuvieron que dedicarse a la crianza de animales domésticos y la agricultura.

teleSUR - El Tiempo - Efe / in - MM

Inaugurarán un mural colectivo recordando la Masacre de Napalpí

Un mural colectivo, en memoria de los indígenas y obreros muertos durante la Masacre en la Reducción de Napalpí se inaugurará en Colonia Aborigen.

La comunidad de Colonia Aborigen inaugurará este sábado 18 en el Centro Cívico “La Central” un mural colectivo, en memoria de los más de 500 muertos indígenas qom, moqoit y obreros de Santiago del Estero y Corrientes, que dejó la feroz represión ocurrida el 19 de julio de 1924 en la Reducción de Napalpí.


A 85 años de la Masacre de Napalpí, referentes indígenas de los lotes 38, 39 y 40 de Colonia Aborigen, de La Matanza, y del Instituto de Desarrollo Social y Promoción Humana (INDES), con apoyo y participación del Instituto de Cultura, inaugurarán el sábado próximo un mural colectivo que por estos días realiza la comunidad de los pueblos originarios de esa localidad. También se constituirá la Comisión Permanente de la Masacre de Napalpí, integrada por referentes de los pueblos originarios de Colonia Aborigen.


La inauguración del mural se realizará al aire libre, en el Centro Cívico La Central, ya que todos los actos recordatorios fueron suspendidos de acuerdo a lo establecido por el Decretó Nº 1452, que declaró la Emergencia Sanitaria Provincial, con el propósito de tomar medidas de prevención a causa de la circulación viral en el Chaco de la Gripe A (H1N1).


El presidente del Instituto de Cultura, Francisco Tete Romero, recordó que junto con el vocal Edgardo Pérez, y el intendente Machagai Lilo Vega, mantuvieron la semana pasada una reunión con referentes aborígenes de La Matanza. “Fuimos a escuchar a la comunidad, que habló y expresó su deseo de guardar la memoria y la verdad a través de una obra colectiva, porque entendemos que se trata de trabajar juntos, en la paciente argamasa del nosotros”, dijo Romero.


La comunidad de La Matanza también solicitó, en esa reunión y en el marco de la Semana de la Memoria de los Pueblos Originarios y de Reafirmación de sus Derechos, obras de infraestructura en Colonia Aborigen, así como la creación de una escuela de lenguas y un museo de interpretación de la Masacre de Napalpí.


ANTECEDENTE
El 19 de julio de 1924, por orden del gobernador del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno, una partida de ciento veinte hombres –entre oficiales, suboficiales y agentes de la policía del Territorio–, más diez civiles y seis indígenas colaboracionistas, reprimieron ferozmente la huelga que indígenas qom, moqoit y obreros de Santiago del Estero y Corrientes llevaban a cabo en la Reducción de Napalpí, para reclamar por el precio del algodón. La represión dejó más de quinientos muertos entre los manifestantes y ninguna baja en las fuerzas policiales. Este trágico hecho es recordado como la Masacre de Napalpí.

Fuente: Chaco Online

viernes 17 de julio de 2009

Detención de Llaitul aumenta a 37 el número de presos políticos mapuches

28 de los prisioneros políticos están procesados o condenados por la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura. En total hay 60 luchadores sociales mapuche y activistas de su causa que están en prisión o en libertad condicional por sentencia o medidas cautelares. Tres mapuches han debido buscar refugio político en el exterior: dos en Argentina y uno en Suiza.

LUCIA SEPÚLVEDA - CONCEPCIÓN, WALLMAPU - 17 / 07 / 0

 

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Nueve meses deberá permanecer en prisión preventiva Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco. La fiscalía lo acusa de ser autor intelectual de una emboscada contra el fiscal Mario Elgueta ocurrido en agosto de 2008, hecho que el imputado califica como un enfrentamiento interno entre comuneros, y no una emboscada. La medida fue dispuesta por la fiscal regional Ximena Gatti.

Llaitul fue absuelto en junio de 2008 en el juicio oral de todos los cargos con que anteriormente la fiscalía logró mantenerlo en prisión por un año y cuatro meses. La historia se repite, aunque ahora se le acusa además de asociación ilícita terrorista. En esa oportunidad, en Temuco, su abogado defensor, el ex Juez Juan Guzmán calificó las acusaciones como un montaje policial.
"Mientras exista pobreza y miseria en las comunidades, la lucha por el territorio y la autonomía va a continuar", declaró ahora Llaitul.
La detención de Llaitul eleva a 37 el conteo de mapuche que están en prisión en distintos penales del sur. 28 de los prisioneros están procesados o condenados por la ley antiterrorista heredada de la dictadura. En total hay 60 luchadores sociales mapuche y activistas de su causa que están en prisión o en libertad condicional por sentencia o medidas cautelares. Tres mapuche han debido buscar refugio políticos en Argentina (2) y Suiza.

A ello se suma la desaparición (en 2005) de un menor mapuche –José Huenante Huenante- posiblemente muerto en tortura a manos de carabineros en el sur, y la muerte a causa de la acción policial y/o por tortura de tres jóvenes mapuche, Alex Lemún, Matías Catrileo y Johnny Cariqueo. Estos hechos, puestos en conocimiento de la Presidenta Bachelet en un reciente documento emitido por la Comisión Etica Contra la Tortura, serán también parte del informe que en agosto presentará la Mesa de Trabajo Sobre Derechos Colectivo, Políticas de Estado y Pueblo Mapuche en Chile,.ante el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas.

“Clandestinidad” mapuche

Pese a que el gobierno y la policía señalan que su detención fue fruto de una ardua investigación policial, el hecho es que Llaitul fue detenido en la casa de su madre, Florinda Carrillanca, en Osorno, en el barrio de Rahue bajo, donde se encontraba junto a su esposa y sus hermanos. Esto ha sido una constante en las detenciones de mapuche que supuestamente son terroristas de alta peligrosidad y están “clandestinos”. Por ejemplo Mireya Figueroa, detenida a comienzos de julio de este año fue arrestada en la casa de su hermana, en Santiago, gravemente afectada por un cáncer. Los doce detenidos en Puerto Choque en abril fueron detenidos en sus hogares, evidenciándose que ninguno de ellos lleva una vida oculta.
Según relata Pamela Pessoa, su marido fue reducido en el patio trasero de la vivienda de su madre por unos diez efectivos armados de la PDI a las 18:20 horas del miércoles 15 de julio. La vivienda estaba rodeada y luego ingresaron por las viviendas vecinas y por atras. Continúa la mujer: “Yo estaba a su lado en ese momento. Aun así no lograron derribarlo, ni esposarlo, pues forcejeó hasta el final. En la vivienda se encontraban sus hijos y sobrino, en su mayoria niños, además de su madre, hermano y cuñada.A su hermano y sobrino los tiraron al suelo.

“ A la familia le impidieron posteriormente tomar contacto con el detenido, que fue trasladado a Temuco y luego en helicóptero a Cañete – ciudad ubicada a unos 500 km de Santiago - para la formalización, en medio de un impresionanate despliegue policial. Llaitul fue trasladado luego a la cárcel El Manzano de Concepción, ubicada en el camino a la localidad de Penco Nº 450, en la Región del Bío Bío.

Los presos de El Manzano

Justamente allí cumplen también prisión preventiva por nueve meses varios de los detenidos el 11 de abril de este año, casi todos miembros de la comunidad indígena Esteban Yevilao de Puerto Choque, Tirúa que recientemente solidarizaron con las reivindicaciones de los gendarmes, declarándose en huelga de hambre. Ellos también fueron formalizados bajo la ley antiterrorista por los delitos de “homicidio frustrado” y otros vinculados a la supuesta emboscada contra el fiscal exclusivo en causas mapuche Mario Elgueta, por asociación ilícita terrorista y supuesta agresión contra un colaborador de la fiscalía, -que anteriormente lo fue de la DINA- José Santos Jorquera, en Puerto Choque.
Los detenidos de la comunidad Esteban Yevilao son José Huenuche Reimán quien a su vez se encontraba en libertad condicional desde el 4 de noviembre de 2008, luego de haber sido detenido en el marco de un hallazgo de armas en tierras de su comunidad, denominada Juana Millahual (Contulmo); Ramón Llanquileo Pilquimán, Luis Menares Chamilao, y César Parra Leiva. En este último caso, la primera detención fue en octubre de 2008, y había salido en libertad con medidas cautelares el 2 de abril de este año. Se le imputaba por robo a una empresa forestal que se habría producido en mayo de 2007 y agresión a un carabinero, acusaciones que se habían ido desvirtuando.

Norberto Parra Leiva, hermano de César también fue detenido en octubre de 2008. Se le acusaba de robo a una empresa forestal que se habría producido en mayo de 2007. También están allí Segundo Ñehuei Ñehuei de la Comunidad Benancio Ñehuei, Puerto Choque, Tirúa y Jonathan Huillican Mëndez que vive en la localidad de Labranza, Temuco pero fue detenido en Comunidad Esteban Yevilao, Puerto Choque. Denuncias de tortura han acompañado los casos de estos detenidos.
En declaración pública dada a conocer luego de la detención de Héctor Llaitul, la Coordinadora Arauco Malleco sostuvo que “esta nueva arremetida policíaco – judicial llevada adelante por el Ministerio Público y el actual gobierno chileno en contra de nuestros lideres mapuches y nuestras comunidades movilizadas y en conflicto y en contra de la CAM en particular, responde a la política represiva del Estado chileno en contra del Pueblo Nación Mapuche. Que el Estado chileno a través del gobierno de turno ha expresado abiertamente su apoyo al empresariado, favoreciendo las inversiones capitalistas en la zona”.

Fuente: Azkintuwe

jueves 16 de julio de 2009

Comunicadores Mapuche se reunieron con Relator de Libertad de Expresión de la ONU

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Comunicadores y dirigentes Mapuche juntos a otros miembros de los otros Pueblos Originarios de Argentina se reunieron esta mañana con Frank La Rue Lewy relator especial sobre libertad de expresión de Naciones Unidas en Buenos Aires, en esa instancia los indígenas compartieron con La Rue sobre la necesidad de inclusión del derecho a una comunicación con identidad de los pueblos originarios en el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Por Manuel Lonkopan y Matias Melillan - Comunicadores Mapuche

Frank La Rue licenciado en comunicación y abogado, visitó esta semana la Argentina invitado a la jornada denominada “La comunicación como un derecho” actividad que se realizó en el marco del debate sobre el proyecto de ley que se viene discutiendo en los últimos meses ante la necesidad de modificar la actual ley de radiodifusión numero 22.285 heredada de la dictadura militar.

El relator antes de dejar el país y frente a los indígenas expresó su aprobación y total apoyo a la propuesta indígena porque “los Pueblos Indígenas tienen derecho a reproducir su idioma, sus culturas”, enfatizó, también “a compartirlas con sus pueblos, y para eso necesitan tener mecanismos propios, en ese sentido estoy  maravillado por el proceso de consulta y participación de esta sociedad.” señaló.

En el citado encuentro los comunicadores mapuche además le hicieron entrega de un informe donde da cuenta del accionar de los medios comerciales en contra de las demandas mapuche en Chile, acusando a las organizaciones y luchadores mapuche como terroristas, según señalan en el informe. Además en el documento expresan, “las graves violaciones de los derechos humanos y discriminación que trasmiten los medios chilenos ante la falta de control y regulación del estado en este sentido”. En dicha reunión también estuvo presente Pascual Pichun Collonao, joven mapuche quien se encuentra desde el año 2005 gestionando refugio político en Argentina por las persecuciones políticas que sufre tanto el, su familia y el pueblo mapuche en Chile. Ante esta situación el relator se comprometió ante los presentes a pedir  información al estado chileno, para que explique  la situación que allí se está viviendo. 

La reunión terminó cerca de las 10 de la mañana cuando La Rue se retiró para tomar el avión hacia Guatemala. Por último aseguró que volverá a encontrarse con las organizaciones indígenas y los comunicadores indígenas en el mes de noviembre en que vendrá a trabajar por la recuperación de la memoria histórica “allí debemos comenzar con los pueblos Indígenas, la comunicación tiene que reflejar la identidad  cultural de los pueblos indígenas, ya que  es un derecho fundamental” finalizó.

Representantes del mundo indígena y campesino manifiestan su rechazo a proyecto que regula obtenciones vegetales

El proyecto, que avanza hacia la protección de las nuevas especies vegetales producidas en el país a través de la biotecnología, recibió numerosas críticas de parte de Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas y la Asociación de Productores Orgánicos de Chiloé, quienes dijeron que la iniciativa pone en riesgo el patrimonio genético de nuestro país.


Senado.cl, jueves 16 de julio del 2009
La iniciativa (boletín 6355) además busca atraer inversión extranjera, aumentar las exportaciones y expandir el sector agroalimentario. Su finalidad es la generación de un marco adecuado que estimule e incentive la producción de nuevos conocimientos y especies que constituyen la base para mantener y expandir la competitividad del sector agroalimentario.
Luis Olivares, de la Fundación “Con Todo” y la Asociación de Productores Orgánicos de Chiloé, manifestó su preocupación por la tramitación del proyecto “porque en el fondo estamos hablando de la soberanía alimentaria del país. La preocupación que tenemos es porque esta ley fundamentalmente defiende los derechos de las grandes empresas y corporaciones, que son las que tienen posibilidades de patentar estos recursos genéticos”.


Además, añadió que las grandes empresas actúan yendo a las comunidades campesinas e indígenas, y a partir de dos o más de estas variedades, crean una nueva variedad que es la que patentan “en circunstancias que las mismas comunidades campesinas indígenas son las que han protegido y mejorado estos recursos genéticos locales”, teniendo los agricultores posteriormente que pagar por su uso.
Francisca Rodríguez, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), también se mostró preocupada por el asunto debido a que “este proyecto es un atentado precisamente a esa agricultura campesina, y obedece a las necesidades que tienen principalmente los acuerdos comerciales, por eso venimos a plantear un problema de existencia del mundo campesino rural, que tiene que ver necesariamente con el derecho sagrado de la alimentación de nuestros pueblos”.
La representante del mundo campesino e indígena dijo que es importante que la gente entienda que la riqueza genética no sólo es baluarte del mundo campesino sino de todo el país. “Se nos va de las manos la producción originaria de nuestro país, más de 700 especies vegetales como el Boldo, el Quillay o el Avellano, ya han sido patentadas y eso es un hurto institucionalizado de nuestro material genético”, añadió.


Debido a la preocupación expresada por los invitados, el diputado radical y presidente de la Comisión, José Pérez, dijo que la instancia acordó quitar la suma urgencia al proyecto con la finalidad de discutirlo más a fondo. “Vamos a seguir analizando este tipo de planteamientos que se nos están haciendo y lo vamos a conversar con el Ministerio a objeto de que le demos tiempo al tiempo y que hagamos un proyecto mejor pensado”, agregó el parlamentario.
Por su parte, la diputada independiente, Alejandra Sepúlveda, dijo además que la Comisión también planteó la disposición de legislar a través de un nuevo proyecto de ley sobre el fortalecimiento y la protección del patrimonio ancestral, “a la vez que se continúa escuchando a la gente que trabaja permanentemente en este tema, como los pequeños agricultores que están trabajando con agricultura orgánica”.


fuente: http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=35748

Héctor Llaitul fue detenido en Osorno

Llaitul, quien fuese uno de los principales líderes de la Coordinadora Arauco Malleco, luego de una incesante persecución, fue detenido en la Ciudad de Osorno por efectivos del PDI / Llaitul es acusado de ser el autor intelectual del atentado al Fiscal Mario Elgueta en Puerto Choque, Provincia de Arauco.

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Foto: http://www.cooperativa.cl/lider-de-la-coordinadora-arauco-malleco-fue-detenido-en-osorno/prontus_nots/2009-07-15/193427.html

Por Eugenio Carinao

http://caravanaporlavida2008.blogspot.com/2009/07/hector-llaitul-mientras-exista-pobreza.html

Hector Llaitul , ex- lider de la Coordinadora Arauco Malleco o CAM , Se le Acusa por el Ministerio Publico de cañete , de ser el autor intelectual del atentado en contra del Fiscal Mario Elgueta , en Puerto Choque ,Provincia de Arauco .

Llaitul, después de Continuos Seguimientos por Lautaro, Temuco y Osorno , Por la Policia Civil De Inteligencia del Gobierno y la PDI , Es Apresado a las 18:00 hrs. en la localidad de RAHUE BAJO EN OSORNO, region de los rios , en la casa de sus padres , sin oponer mayor resistencia al arresto.

Se le traslado a la PDI de Temuco donde Permaneció hasta el amanecer , siendo posteriormente llevado a CAÑETE , bajo un fuerte contingente policial . Cabe destacar que los policías iban con sus cascos y chalecos anti-balas y una numerosa comitiva de vehículos policiales .

Hector Llaitul , Señalo a la prensa : " Se me acusa de algo que no he cometido " ...." Mientras exista pobreza y miseria en las comunidades mapuches , la lucha seguirá en aumento ...."

Hector Llaitul , será formalizado en Cañete aproximadamente al medio dia de hoy , 16 de julio del 2009 .

Ver Otras Fuentes con la Noticia:

http://www.cooperativa.cl/lider-de-la-coordinadora-arauco-malleco-fue-detenido-en-osorno/prontus_nots/2009-07-15/193427.html

http://www.terra.cl/actualidad/index.cfm?id_cat=1676&id_reg=1218752

16-07-2009 - Comunicado CAM ante detención de Héctor Lleitul / Leer Más: http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=2495

miércoles 15 de julio de 2009

Se hará en Jujuy el próximo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas

El próximo encuentro de la UNION de ASAMBLEAS CIUDADANAS de todo el país, se realizará los días 24, 25 y 26 de julio en las ciudades de Libertador Gral. San Martín y San Salvador de Jujuy. En los encuentros participan cerca de 500 personas pertenecientes a diferentes asambleas, organizaciones campesinas e indígenas, organizaciones autónomas no partidarias ni vinculadas al aparato estatal, grupos de vecinos autoconvocados y ciudadanos en general reunidos en defensa de los bienes naturales, la salud y la autodeterminación de los pueblos, seriamente amenazados por el saqueo y la contaminación que produce el avance de los grupos económicos y sus empresas transnacionales en nuestros territorios.
Se Realizará en Libertador General San Martin - Provincia de Jujuy, Argentina

10º Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)
“Contra el Saqueo de nuestros Bienes Naturales y la Contaminación , por la Soberanía Alimentaria y la vida”

El próximo encuentro de la UNION de ASAMBLEAS CIUDADANAS de todo el país, se realizará en nuestra provincia, los días 24, 25 y 26 de julio en las ciudades de Libertador Gral. San Martín y San Salvador de Jujuy.
En los encuentros de la UAC participan cerca de 500 personas pertenecientes a diferentes asambleas, organizaciones campesinas e indígenas, organizaciones autónomas no partidarias ni vinculadas al aparato estatal, grupos de vecinos autoconvocados y ciudadanos en general reunidos en defensa de los bienes naturales, la salud y la autodeterminación de los pueblos, seriamente amenazados por el saqueo y la contaminación que produce el avance de los grupos económicos y sus empresas transnacionales en nuestros territorios.

Gran Marcha en San Salvador de Jujuy

La UAC comenzará el día Viernes 24 de Julio 2009 con una GRAN MARCHA en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, bajo la consigna: “Contra el saqueo de nuestros bienes naturales y la contaminación, por la Soberanía Alimentaría y la vida”.
La misma se concentrará en el Parque San Martín, y se dirigirá a la Casa de Gobierno provincial, previo paso por la legislatura, donde se entregará un petitorio para que se prohíba la minería a cielo abierto y se frene la contaminación que producen las grandes empresas y los agronegocios. Este mismo reclamo se presentará también al Gobernador Provincial.


La marcha estará encabezada por las Comunidades Indígenas y Campesinas y Organizaciones sociales y Asambleas de vecinos de nuestra provincia, que junto a otras Asambleas y organizaciones del país, expresaremos nuestro rechazo a este modelo de saqueo y contaminación que nos quieren imponer.
Nos movilizamos y desde las UAC decimos:
• No a la Minería a Cielo Abierto.
• No al modelo de los Agronegocios.
• No a la contaminación urbana.
• Basta de saqueo de nuestros bienes naturales.
• Si al agua y la vida
• Si a la soberanía alimentaria de nuestros pueblos

Foro Abierto sobre “ Mega Minería, Agronegocios VS Soberanía Alimentaria”

En el marco de la 10º UAC se realizará, tambien el día viernes 24 de julio, el Foro Abierto sobre “ Mega minería y Agronegocios VS Soberanía Alimentaria”, en San Salvador de Jujuy, donde se presentaran paneles con especialistas y dirigentes campesinos invitados.
Los siguientes días: sábado 25 y domingo 26 de Julio, el encuentro continuará en la Ciudad de Libertador Gral. San Martín con el trabajo de las comisiones de la UAC donde se debaten sobre varios ejes: mega minería, conflictos socio ambientales urbanos, monocultivo, agrotóxicos, transgénicos, biocombustibles y otros temas transversales a todo el encuentro: como es el agua, la educación, la soberanía alimentaria y el territorio.

La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)

La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) es un espacio de intercambio, discusión y acción conformado por asambleas, , organizaciones campesinas e indígenas, organizaciones sociales autónomas no partidarias ni vinculadas al aparato estatal, grupos de vecinos autoconvocados, y ciudadanos en general reunidos en defensa de los bienes naturales, la salud y la autodeterminación de los pueblos, seriamente amenazados por el saqueo y la contaminación que produce el avance de los grupos económicos y sus empresas transnacionales en nuestro territorio.


La UAC nace con el propósito de articular y potenciar las diferentes luchas que en los últimos años han emergido en todo el país para repudiar el avance sistemático del modelo agro-minero exportador, representado en los emprendimientos destructivos de la gran minería a cielo abierto, el avance del agronegocio (soja transgénica, pasteras, biocombustibles) y la contaminación urbana.
Es, a la vez un espacio que asambleas y grupos se han dado a sí mismos, con la convicción que la unión hace la fuerza. La UAC funciona de manera horizontal. No tiene una existencia autónoma por encima de quienes la conforman. No existe un comité directivo ni de gestión, ni autoridades.


La UAC fortalece la resistencia al unir voluntades, convirtiéndose en un espacio de intercambio, que genera nuevas relaciones y construye nuevos saberes e ideas. A su vez, este espacio se posicionó en los medios de comunicación, posibilitando la atención e interés en sectores militantes, académicos y la sociedad en su conjunto. Por último la UAC permite comunicar y visualizar las diversas y complejas regiones del país.


La UAC se reúne cada tres meses, durante tres días, y el lugar de encuentro se define a partir de los diversos conflictos que emergen en nuestro país, intentando acompañar y fortalecer las organizaciones que resisten en los territorios a las empresas mineras, el agronegocio y la contaminación urbana.
La metodología de trabajo consiste en el trabajo en comisiones, la puesta en común de las discusiones en plenario, y la búsqueda de consensos. Las comisiones trabajan sobre varios temas: la gran minería a cielo abierto, agronegocios, monocultivos, agrotóxicos, biocombustibles, conflictos socio ambientales urbanos, y otros temas transversales a todo el encuentro: como es el agua, educación, la soberanía alimentaria y el territorio.
Contacto: jujuy10uac@yahoo.com.ar

Chile: la devastación

Informe preparado por los abogados Nancy Yáñez y José Aylwin

Los territorios ancestrales de los pueblos indígenas de Chile están siendo contaminados, saqueados y destruidos. Cientos de megaproyectos mineros, forestales y energéticos amenazan la existencia de numerosas comunidades- En el norte del país --donde viven los pueblos diaguita, atacameños, colla y aymara-- la gran minería estatal y privada contamina las aguas que permiten la vida de cientos de comunidades.


Francisco Marin, miercoles 15 de julio de 2009
Un informe elaborado en agosto de 2007 por el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas (hoy Observatorio Ciudadano), con el fin de informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de la "vulneración sistemática de derechos indígenas al agua que se presenta en Chile y otros países de la región andina", se exponen los graves daños asociados a "la implementación de un modelo sustentado en la explotación de recursos naturales".
Este informe fue preparado por los abogados Nancy Yáñez y José Aylwin. Su contenido no había sido divulgado por la prensa.
La importancia de este informe y de las materias que trata fue reconocida por la CIDH, que en su 129 periodo de sesiones, realizado el 7 de septiembre de 2007 en Asunción, Paraguay, recibió a la abogada Yáñez. Ella se refirió a la tragedia que viven las comunidades andinas fruto de la imposición del "modelo neoliberal" y de la extracción deliberada de recursos.


Yáñez sostuvo que en Chile "se promueve una economía de rápido crecimiento que concibe la riqueza natural --agua, minerales, recursos marinos y forestales-- como commodities (mercancías sujetas a precios internacionales)". Afirmó que estas políticas fueron iniciadas en el gobierno militar encabezado por Augusto Pinochet (1973-1990) "y se han visto fortalecidas con los gobiernos democráticos, los que han propiciado y profundizado ajustes estructurales de la legislación, para permitir un modelo de desarrollo acorde con los principios que orientan el libre mercado".
Puso como ejemplo lo sucedido con el Código de Aguas de 1981 y el Código de Minería de 1982, de carácter marcadamente privatizador, que han sido refrendados por modificaciones legales realizadas en los últimos años que consolidan la orientación de estas normativas que, de paso, afectan gravemente los derechos ancestrales de los pueblos indígenas.


La sequía provocada
La situación de apropiación del agua de los pueblos indígenas es particularmente grave en el norte de Chile, zona desértica que concentra el 38% de las reservas de cobre del mundo, mineral que necesita mucha agua para ser producido.
Entre los casos de vulneración de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, ese informe menciona la extracción de aguas subterráneas en el sector de Pampa Lagunilla por la Compañía Minera Cerro Colorado, de propiedad de BHP Billiton, "lo que ha causado el desecamiento de bofedales utilizados desde tiempos inmemoriales por la Comunidad Aymara de Cancosa".
Además, se revela "la pérdida de los derechos de aguas indígena en la Cuenca del Río Loa a consecuencia de la monopolización y sobre explotación de los recursos hídricos por parte de las empresas mineras".
Menciona como las principales responsables de esta situación a la estatal minera CODELCO, a SOQUIMICH S.A., y a empresas del grupo Luksic como: ESSAN S.A (sanitaria).


El poblado indígena de Quillagua, ubicado en la cuenca baja del río Loa casi ha desaparecido fruto de la abusiva explotación del agua: no recibe agua desde el 2 de diciembre de 2006.
Otros proyectos atentatorios contra los derechos humanos de indígenas, es la explotación de los Géiseres del Tatio –sitio patrimonial de las comunidades indígenas de Toconce y Caspana– por parte de la Empresa Geotérmica S.A. El pasado 6 de junio un centenar de atacameños intentaron realizar en el Tatio un ritual de ofrecimiento de hojas de coca y vino, que tiene por fin de pedir disculpas a la Pacha Mama –madre tierra- por haberla desprotegido. Pero fueron impedidos por las fuerzas especiales de Carabineros.
A raíz de estos hechos, el Consejo Nacional Atacameño emitió, el 8 de junio, un comunicado, en que acusa al gobierno de Chile de "destruir su territorio y amparar el despojo de su agua". Además, sostiene que la citada prohibición "es un atentado a los derechos humanos, a la vida y a la cultura".


Mención aparte merece el proyecto minero binacional Pascua Lama, que realiza en Chile la empresa Nevada S.A. (filial de Barrick Gold Corporation). Este implica la explotación de un yacimiento de oro y otros minerales ubicados bajo los glaciares Esperanza, Toro I, Toro II y Guanaco, los que dan vida al valle del Huasco y a la comunidad diaguita de los huascoaltinos.
Un estudio de la prestigiosa consultora canadiense Golder Associates, de 2007, sostiene que, al ritmo actual de consumo, el agua desaparecerá del valle de Copiapó (capital de la Región de Atacama) en 2012. Por lo pronto, el río del mismo nombre ya se secó. Igual suerte han corrido casi un centenar de ríos en el norte de Chile.
Pero eso no es todo: 15 nuevos proyectos termoeléctricos, destinados a abastecer la actividad minera, complican aún más la situación de los pueblos indígenas y no indígenas del norte chileno. Nueve de ellos se emplazarían en las costas de la Región de Atacama y otros seis en la Región de Coquimbo. Cabe considerar que los efectos ambientales de las termoeléctricas existentes en Tocopilla y Huasco han sido devastadores.


El sur también existe
El territorio ancestral mapuche, localizado en el centro sur de Chile, también está siendo gravemente afectado por la imposición del actual modelo de acumulación de riquezas. El responsable del principal daño ambiental y social es el sector forestal, cuya producción (aglomerados, celulosa, madera) ha crecido en modo exponencial en las últimas tres décadas. Mientras en 1980 este sector exportaba 254 mil dólares, en 2007 las ventas al exterior alcanzaron los 4.952 millones de dólares, según cifras del Banco Central de Chile.
Esto no ha sido casual: desde que en 1974 el entonces mandatario de facto Augusto Pinochet dictó el Decreto Ley 701, de Fomento Forestal, el Estado ha subsidiado en un 75% las plantaciones intensivas de pinos y eucaliptos. Además, el gobierno militar dispuso la entrega a grandes grupos económicos de viveros, plantas industriales (celulosas) y decenas de miles de hectáreas de tierras con plantaciones forestales.


Esto favoreció no sólo la concentración de la tierra y la riqueza, sino también una enorme expansión de los grupos beneficiados con estas políticas. Sólo dos familias: los Matte (Forestal Mininco, papelera CMPC) y los Angelini (Forestal Arauco, celulosa Celco), tienen en conjunto tres millones de hectáreas de tierras. En contraste, los 300 mil mapuches que habitan en comunidades rurales detentan poco más de 900 mil.
Hoy cada familia mapuche tiene, en promedio, tres veces menos tierra que en 1973, cuando gobernaba Salvador Allende. Desde 1974 hasta ahora 2,5 millones de hectáreas de bosque nativo han sido reemplazadas por monocultivos forestales. Estos se ubican fundamentalmente en la Región del Bío Bío y de la Frontera, en el corazón del histórico territorio mapuche. Esta expansión del monocultivo ha derivado en una drástica disminución de las aguas subterráneas, así como de la fauna y vegetación silvestre, lo que ha mermado dramáticamente la agricultura tradicional y las actividades de recolección de frutos y hierbas medicinales de los mapuches.
La contaminación por el uso indiscriminado de pesticidas, fungicidas y herbicidas ha agravado el problema.


Tras la "pacificación de la Araucanía" –nombre con que la historiografía oficial denominó al proceso de ocupación militar del territorio mapuche (1861-1890), las comunidades fueron confinadas en reducciones. El territorio sobrante fue entregado a través de remates o donaciones a colonos chilenos y extranjeros –sobre todo alemanes--, cuyas grandes propiedades dejaron encerradas a las comunidades. El conflicto actual, que enfrenta a mapuches contra privados y el Estado, tiene su raíz en ese despojo.


El pasado 5 de enero, la presidenta Michelle Bachelet anunció "un incremento transitorio" en los subsidios –no precisó cifras-- que se otorgan a través del citado Decreto 701 de Fomento Forestal. Al hacerlo, planteó que lo hacía para "mitigar el desempleo provocado por el menor dinamismo de la economía mundial". Sostuvo, además, que esta medida apunta a aumentar en un 50% el área de monocultivo forestal en la próxima década. Esta medida fue rechazada por una amplia gama de organizaciones mapuches que desde hace tiempo han solicitando que se supriman estos subsidios.


Por otra parte, tres grupos económicos: las transnacionales Endesa (española), SN Power (noruega), además del grupo Matte, a través de Colbún S.A., planean construir ocho nuevas centrales hidroeléctricas en territorio mapuche. Lo hacen sin la requerida consulta y en contra de la voluntad indígena. El 28 de mayo pasado la COREMA de la Región de los Ríos aprobó la construcción de una Galería de Prospección, que es el primer paso para la construcción de la Central Hidroeléctrica Neltume, impulsada por Endesa España. El pasado 22 de octubre, en medio de una gran polémica, la misma COREMA había autorizado a la empresa Colbún una central sobre el Río San Pedro.
El más grande de los proyectos hidroeléctricos es la central Maqueo, que SN Power pretende construir en el hasta ahora casi virgen Lago Maihue, ubicado en la boscosa precordillera de la Región de los Ríos. El proyecto contempla una inversión de mil 500 millones de dólares, y considera una impresionante transformación del paisaje, además de una apropiación de los recursos hídricos que por centenares de años han resguardado la vida de sus habitantes.


El pasado 20 de junio, varios centenares de mapuches pertenecientes a las comunidades de Rupemeica, Huenaihue, Maihue y Carriñe marcharon nuevamente solicitando el fin de este proyecto, que está en fase de evaluación ambiental, y la devolución de las aguas adjudicadas a empresas transnacionales. Manifestaciones similares han realizado casi todas las comunidades afectadas por proyectos de este tipo. Pero sus reclamos no han sido escuchados.
Peor aún: el gobierno y el Ministerio Público han intentado vincular a los opositores a estos proyectos con organizaciones "terroristas".
Represión estatal


Amnistía Internacional (AI), en su informe anual dado a conocer el pasado 28 de mayo, sostiene que "las tensiones entre las autoridades y los pueblos indígenas –en especial la comunidad mapuche– siguieron siendo muy fuertes (durante 2008). Ha continuado la expansión de la industria forestal y de extracción de recursos, y las reclamaciones sobre tierras no se resuelven con prontitud.

Siguen denunciándose violaciones de derechos humanos".
En el primer examen periódico universal (EPU) realizado a Chile, realizado entre el 4 y el 15 de mayo pasado en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sostuvo que en Chile persisten situaciones de discriminación que afectan a los pueblos originarios. Esto se expresa en la pobreza que afecta a sus comunidades, en el otorgamiento sin consulta previa de concesiones de explotación sobre sus tierras, y en la aplicación de una legislación antiterrorista para enfrentar su protesta social.


Ese Consejo hizo 77 recomendaciones a Chile. Entre ellas destacan las que lo conminan a: dar protección jurídica a los pueblos originarios; realizar una adecuada demarcación de sus territorios, e implementar medidas contra la discriminación, en especial en favor de las mujeres y niños indígenas.


El organismo de la ONU también pidió a Chile terminar con las prácticas de represión desmedida que afectan, sobre todo, al pueblo mapuche. Además, se le pidió investigar los casos de arresto y deportación de periodistas y documentalistas que investigan la problemática que afecta a este pueblo.
Es necesario señalar que un porcentaje importante de las cerca de 300 comunidades mapuches que se encuentran en conflicto con forestales, están vigiladas por destacamentos policiales fuertemente armados, que realizan continuos allanamientos y detenciones en las comunidades.


La complicada situación que afecta a los indígenas chilenos ameritó una visita a Chile del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, realizada entre el 5 y 9 de abril pasado. El objetivo de dicha visita, según el mismo Anaya declaró al llegar a Santiago, fue "establecer un diálogo constructivo con las instituciones oficiales, los pueblos indígenas (…), en torno al seguimiento de las recomendaciones de la visita del anterior Relator Especial, Rodolfo Stavenhagen, así como de la implementación del Convenio 169 de la OIT".


El emisario de la ONU criticó –en entrevista con La Nación-- la parcialidad de la aplicación de justicia en Chile: "Esta combinación entre nuevo procedimiento penal, ley antiterrorista y fuero militar, establece una condición de vulnerabilidad del derecho al debido proceso, que afecta de manera selectiva a un grupo claramente identificado de dirigentes mapuche", expresó.


En 2003, Stavenhagen había realizado un duro diagnóstico de la realidad que viven los indígenas chilenos, apuntando como problemas centrales la criminalización de la protesta, la discriminación, la pobreza, la inexistencia de un reconocimiento constitucional y la no ratificación del Convenio 169 de la OIT. Esto se expresa en su informe presentado de conformidad con la resolución 2003/56 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. A mayor abundamiento, señaló que "los derechos sobre la propiedad de la tierra y la territorialidad constituyen (otro) de los problemas graves, ya que son el resultado de un largo proceso de despojo de sus tierras y recursos".


Fundado en esa conclusiones, Stavenhagen recomendó agilizar la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas; ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); prestar atención urgente a la prevención y solución de los conflictos basados en la tenencia y explotación de la tierra; asegurar el acceso a los recursos acuíferos y marítimos de las comunidades indígenas, y tomar las medidas necesarias "para evitar la criminalización de las legítimas actividades de protesta o demandas sociales".


El Convenio 169 de la OIT es el instrumento internacional más importante y efectivo de protección de derechos de los pueblos indígenas. Fue adoptado en 1989. Reconoce el derecho que tienen los "pueblos" a su autodeterminación, a ser consultados respecto de los proyectos que se quieren realizar en sus territorios ancestrales, y a que sus organizaciones representativas sean reconocidas como interlocutores validos, entre otros aspectos. Este Convenio, que tiene rango constitucional, fue aprobado por el Parlamento chileno en septiembre pasado. Y entrará en vigencia plena el próximo 15 de septiembre.


Su puesta en marcha tiene de cabeza al empresariado, que teme que pueda detener importantes proyectos extractivos y energéticos que pretenden emplazar en "aéreas de desarrollo indígena". El gobierno intentó detener el alcance de este Convenio a través de una declaración interpretativa –que se le quiso incrustar al momento de ser promulgado por la presidenta Michelle Bachelet--, que supeditaba el Convenio 169 a la legislación chilena. Esto, en caso de situaciones de conflicto de interpretación legales que se generaran fruto de su próxima aplicación.
José Viera Gallo, ministro secretario general de la Presidencia e impulsor de esta medida, desistió ante el rechazo que esto provocó entre los indígenas y la propia OIT.


En la actualidad, tanto el gobierno como la oposición de derecha, se empeñan en aprobar un proyecto de reforma constitucional de "reconocimiento de los pueblos indígenas" que es fuertemente rechazado por las principales organizaciones de pueblos originarios. Estas han calificado este proyecto como de "desconocimiento de los pueblos". El Senado aprobó el 7 de abril, en su primer trámite constitucional, dicha reforma constitucional.


La Mesa de Trabajo Mapuche, que reúne a un importante número de organizaciones, dirigentes y comunicadores de este pueblo, emitió una declaración el pasado 8 de mayo en la que asegura que este proyecto de Reforma Constitucional "no recoge el sentir profundo y mayoritario de las organizaciones indígenas en Chile y tampoco se ubica a la altura del estándar internacional sobre los derechos indígenas".
Cuestionan el hecho que no se les considerara en la gestación de este proyecto y que se abriera una consulta a la que le restan validez. El propio relator Anaya cuestionó el hecho que se abriera un proceso de consultas después de que el Senado haya aprobado en su primer trámite el proyecto. También criticó el corto tiempo que se dedicará a esta consulta y el hecho de que no haya representantes indígenas en la formulación y procesamiento de las preguntas. Estos cuestionamientos los hizo en un documento el pasado 24 de abril, que estuvo especialmente dedicado a tratar el tema de ese proyecto de reforma constitucional.


Más duro aún con esta normativa fue Bartolomé Clavero, quien es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Afirmó que reforma constitucional chilena cancela derechos de los Pueblos Indígenas; que esta reforma "que en teoría viene a reconocer de una vez en Chile a los pueblos indígenas, intenta aprovecharse para impedir que los mismos tengan derechos y también para cancelar de paso algún derecho tan importante como el de propiedad comunitaria sobre las aguas"


En entrevista con Apro, Nancy Yáñez afirmó que "la situación de los pueblos indígenas (en Chile) es particularmente grave porque el Estado no ha cautelado los derechos de las comunidades indígenas sino que, por el contrario, ha supeditado estos a los intereses preferentes de los inversores".
Yáñez estima que los últimos gobiernos en Chile "han flexibilizado los controles ambientales y por esa vía las comunidades indígenas están siendo desplazadas de sus territorios de origen, donde la vida se hace imposible por la falta de agua, como consecuencia de la sobrexplotación industrial, pero además por la contaminación que estos proyectos generan".

A DERROTAR EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, hace un pronunciamiento desde Ecuador a derrotar el Golpe de Estado en Honduras / Por su parte, dos batallones del ejército, se habrían rebelado contra la Dictadura de Roberto Micheletti / Comienzan los quiebres del Gobierno de facto y sigue la resistencia en Honduras frente al intervencionismo nefasto en diversos frentes. / Micheletti comienza a buscar su “salida”…

A DERROTAR EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS.

Foto: AFP

INDICE

- Pronunciamiento de la CAOI

- Dos batallones del ejército de Honduras se rebelan contra el gobierno golpista / Según declaraciones de manifestantes hondureños dos batallones se han rebelado contra Roberto Micheletti

- Carta del hermano Hondureño Adalberto Padilla

- Pronunciamiento de Centro del Investigación y Promoción de Derechos Humanos,

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Comunicaciones CAOI: http://www.minkandina.org/

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI

Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

Derrotemos el golpe de Estado en Honduras

Es un paso más de la arremetida fascista en todo el continente. Los pueblos tenemos el derecho de decidir nuestros destinos

Las organizaciones nacionales Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI; Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, CONAMAQ; Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI; Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC; Identidad Territorial Lafkenche de Chile; Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de Argentina, ONPIA, reunidos en Quito (Ecuador) en la asamblea de la Coordinadora Andina de las Organizaciones Indigenas CAOI , evaluando los hechos en Honduras, nos pronunciamos:

El golpe de Estado en Honduras no es un hecho aislado, es parte de la arremetida fascista en el continente para garantizar la continuidad del modelo económico neoliberal y el dominio del imperio norteamericano sobre Latinoamérica, frente al avance de los pueblos en la defensa de su soberanía.

Las oligarquías locales en todo el Abya Yala tiemblan de miedo porque surgen gobiernos que se atreven a darles voz a los pueblos, a cuestionar el neoliberalismo, a buscar formas alternativas de integración. El gran “pecado” del Presidente Constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, fue atreverse a convocar a una consulta a su pueblo sobre la pertinencia de elegir una Asamblea Constituyente que reestructure su Estado.

Los organismos internacionales se han pronunciado en contra del “gobierno” ilegítimo del golpista Roberto Michellety, los movimientos sociales en todo el planeta expresan su repudio al fascismo y su solidaridad con el pueblo de Honduras. Es urgente que esta solidaridad se exprese en acciones concretas para derrotar ese golpe de Estado.

Así como unimos nuestras voces y nuestras fuerzas para rechazar el separatismo fascista en Bolivia, para reclamar un juicio internacional a los gobiernos de Álvaro Uribe (Colombia), Alan García (Perú) y Michelle Bachelet (Chile), por vulnerar nuestros derechos humanos y derechos colectivos, tenemos ahora el imperativo moral de detener esta arremetida en Honduras. De lo contrario, seremos cómplices de las fuerzas oscuras que emprenderán golpes de Estado similares en otros países del continente.

Las organizaciones integrantes de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) convocan a los movimientos sociales y organismos de derechos humanos, a desarrollar permanentes jornadas de protestas ante las embajadas de Honduras en nuestros países, y a exigir a nuestros gobiernos que el acuerdo de separar al Estado hondureño de la OEA se exprese en un aislamiento efectivo del gobierno usurpador, en el cual Michellety solo es la cara de la mafia formada por la oligarquía, la jerarquía de la Iglesia Católica, los militares, los medios de comunicación tradicionales y el Pentágono norteamericano.

Exigimos el retorno inmediato del Presidente Constitucional Manuel Zelaya a Honduras, el juicio y condena a los golpistas, y que se respete la soberana decisión del pueblo hondureño de reorientar el rumbo de su país.

Quito, 14 de julio de 2009.

Coordinación General CAOI

Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI- Ecuador

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, CONAMAQ- Bolivia

Confederación nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI- Perú

Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC- Colombia

Identidad Territorial Lafkenche- Chile

Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de Argentina, ONPIA- Argentina.

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Dos batallones del ejército de Honduras se rebelan contra el gobierno golpista / Según declaraciones de manifestantes hondureños dos batallones se han rebelado contra Roberto Micheletti

Fuente: http://www.tercerainformacion.es/?Dos-batallones-del-ejercito-de

Según Ángel Alvarado, manifestante que junto con decenas de miles de hondureños resiste en el Palacio Presidencial hasta el regreso del presidente legítimo de Honuras, Manuel Zelaya, declaró que "Hay dos batallones que se han rebelado contra el gobierno de facto. Están ubicado en el sur del país, no tengo información sobre las acciones que están tomando en este momento"

Esos dos batallones son el cuarto batallón de infantería del municipio Tela y el décimo batallón de La Ceiba ambos ubicados en la región de Atlántida. Aún no se disponen datos de las acciones concretas que están llevando estos dos batallones de infantería de las Fuerzas Armadas de Honduras que se han levantado durante una ola de brutal represión que el ejército ejerce sobre el pueblo en la capital de estado, Tegucigalpa, a órdenes de la dictadura golpista de Roberto Micheletti.

Rafael Alegría, dirigente de Vía Campesina, Unidad Democrática y asesor del presidente Manuel Zelaya confirma que además de esos dos batallones existe un tercero en la zona norte del país, en Olancho, donde el ejército tampoco reconoce la legitimidad del golpista Roberto Micheletti. Según Rafael Alegría estos batallones no están cumpliendo las órdenes de represión contra el pueblo y se encuentran velando por su seguridad y acompañándoles en todo momento en sus revindicaciones populares.

En las últimas horas se han producido muertos y varias decenas de detenidos en los alrededores de la Casa Presidencial, donde se encuentran cada vez mayor número de hondureños, que ya superan el número de 25 000 personas. La dictadura golpista ha suspendido las garantías y han implantado un toque de queda que le permita acabar con las manifestaciones de apoyo al presidente Zelaya y a la celebración de una Asamblea Constituyente. Además se está deteniendo indiscriminadamente a todos aquellos que no acaten este toque de queda.

El equipo de la cadena TeleSUR, uno de los medios de referencia mundial en lo que se refiere al golpe de estado en Honduras, ha sido detenido y amenazado de muerte si seguía con su labor informativa. Militares les han arrancado de las manos su teléfonos móviles para incomunicarlos con la sede central de TeleSUR en Caracas.

A esta fuerte ola represiva se suma el secuestro del alcalde de San Pedro Sula en la pasada madrugada por negarse a reconocer la legitimidad de la dictadura golpista y la muerte de varias personas entre ellas la del trabajador de Hondute lRosel Ulises Peña que fue arrollado por un vehículo del ejército al opornerse a que los militares tomasen la empresa de telecomunicaciones.

El flujo de personas que están acudiendo a la Casa Presidencial se está produciendo lentamente debido a que ningún medio de comunicación informa a la ciudadanía sobre ello. Los golpistas tumbaron la señal del canal público y han cerrado diversos medios de comunicación como Radioglobo donde se hacían eco de las denuncias populares. Sólo los canales privados se encuentran transmitiendo y su programación se basa en deportes y dibujos animados.

Por otra parte la Huelga General se ha declarado indefinida y ha sido apoyada por la inmensa mayoría del país que hoy aparecía totalmente paralizado. Las organizaciones populares que están en plena lucha por recuperar el hilo constitucional y convocar una asamblea constituyente se han unido en el Frente de Resistencia para que la acción de resistencia pacífica que están llevando a cabo sea unitaria.

La dictadura que lidera el golpista Roberto Micheletti ha sufrido un fuerte revés cuando los nueve paises de la Alianza Bolivariana para las Américas han decidido romper relaciones diplomáticas con Honduras hasta que el presidente contitucional y democráticamente elegido, Manuel Zelaya sea restituido en la presidencia.

Por otra parte los Estados Unidos de América siguen reconociendo a Manuel Zelaya como presidente de Honduras pero en declaraciones de su secretaria de estado Hillary Clinton, esta situación ha sido producida por "ambas partes" por los conflictos provocados por el gobierno de Zelaya y recalcó que la prioridad para los Estados Unidos de América es el restablecimiento del orden constitucional en Honduras.

La Organización de Estados Américanos mediante su máximo representante Insulza, ha reiterado que ninguno de sus miembros van a reconocer en el gobierno de Honduras a otro presidente que no sea Manuel Zelaya por lo que parece que la dictadura impuesta mediante la violencia por el ejército a órdenes de Roberto Micheletti no cuenta con ningún respaldo internacional.

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ADALBERTO

Estimad@s

Quiero agregar otros asuntos a lo expuestos en mi mensaje anterior sobre la situación actual en Honduras, tras el golpe de estado.

La resistencia social continua, aún cuando está en una desventaja con relación a los grupos que apoyan a los golpistas, pues están siendo reprimidos, criminalizados y judicializados;

Tras casi dos semanas de resistencia, se observa cierto casancio. Creo que ahora más que nunca, se requiere el apoyo solidario y franterno de organizaciones y ciudada@s internacionales;

El proceso de negociación mediada por el Presidente Arias, no se proyecta como un espacio en que se puedan alcanzar resultados positivos, pues no parecen haber voluntades para garantizar la resititución del Presidente Zelaya. Algunos pensamos que, este espacio alarga el proceso de restitución del orden constitucional y consecuentemente, está sirviendo para que el gobierno de facto se afiance en el poder;

Abajo incluyo la posición política de una organización ciudadana hondureña dedicada a la investigación, promoción y defensa de los DDHH.

Seguimos en comunicación. Saludos..

Adalberto Padilla L.

padillala@yahoo.com

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Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos,

CIPRODEH

LOS DERECHOS HUMANOS NO SON NEGOCIABLES

Ante el inicio de una Negociación entre el Presidente Constitucional Manuel Zelaya Rosales y el presidente del Régimen de Facto, Roberto Micheletti Bain, con Mediación Internacional del Presidente Oscar Arias, el CIPRODEH eleva sus preocupaciones sobre acciones que no pueden ser objeto absoluto de negociación desde la perspectiva de Derechos Humanos, e incorpora exigencias del diálogo con miras a restablecer la plena vigencia de las libertades civiles fundamentales en Honduras, conculcadas a partir del golpe de estado perpetrado la madrugada del domingo 28 de junio de 2009.

NO ES ACEPTABLE NEGOCIAR:

La impunidad por las violaciones a derechos humanos cometidas por el Régimen de Facto Político Militar que incluye el golpe de Estado mismo, y acciones contra la población civil ejecutadas principalmente por órganos militares con el apoyo y/o tolerancia de la Policía Nacional (torturas, reclutamientos forzados, uso abusivo de la fuerza, ataques militares a población civil desarmada, ejecuciones extrajudiciales, atentados a la libertad de prensa y de expresión, detenciones ilegales, entre otras).

No toleraremos medidas destinadas a sustraer de la justicia nacional e internacional a los responsables materiales e intelectuales de las graves violaciones a derechos humanos cometidas.

LAS EXIGENCIAS INMEDIATAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES:

1. La inmediata desmilitarización de las Dependencias Públicas que luego del golpe de Estado pasaron a control de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supeditación de la Policía Nacional al ejército. Ello implica el retorno inmediato de la Seguridad pública o interna a la Policía Nacional sometida permanentemente a escrutinio público y a la verificación de órganos de derechos humanos nacionales e internacionales que garanticen la separación de funciones, y que las unidades policiales de análisis, inteligencia e investigación sean manejadas única y exclusivamente por policías o civiles sin vinculación militar. Ello significaría separar inmediatamente a los militares que se han insertado como asesores en la Policía Nacional y suspender el cruce de información de inteligencia con fines de represión política.

2. Suspender el uso de armas químicas y letales para reprimir manifestaciones y la separación de las Fuerzas Armadas de actividades de control de manifestaciones públicas. Ello es particularmente grave por el uso además de armas de guerra y francotiradores apostados en posición de ataque contra los manifestantes.

3. El retorno sin reservas al control civil y bajo supervisión de organismos de derechos humanos, incluyendo de la sociedad civil, de los servicios públicos y de telecomunicaciones, como ser la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Hondutel, todas sus antenas de transmisión radial y televisiva y oficinas de soporte técnico de comunicación telefónica e internet; la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y sus dependencias de control técnico, la Dirección de Migración y Extranjería, hospitales públicos cuyos accesos están militarizados, entre otros.

4. Suspender los mensajes en Cadena Nacional convocando a la ciudadanía a la Delación por mera sospecha e incitando al odio contra la disidencia al régimen de facto y la xenofobia a ciertas nacionalidades.

5. Suspender el Estado de Excepción decretado sin seguir el procedimiento Constitucional y que ha servido únicamente para justificar y aumentar las violaciones a derechos humanos fundamentales.

6. Liberar a los presos políticos capturados con posterioridad al golpe de Estado y suspender todos los procedimientos fiscales y penales iniciados por el Ministerio Público después del 28 de junio, como claras acciones de persecución política contra los funcionarios del Gobierno Zelaya y los dirigentes sociales simpatizantes del proyecto de la Consulta Popular.

¡En Defensa de los Derechos Humanos en Honduras ¡

Tegucigalpa, Honduras, 8 de julio del 2008

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Bolivia denuncia sobrexplotación del planeta por países Capitalistas y propone derechos para la Madre Tierra

El embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas (NNUU), Pablo Solón, denunció el lunes ante la XV Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados (MNOAL), que se realiza en Egipto, la sobrexplotación del planeta por los países ricos y propuso la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos de la Tierra presentada por el presidente Evo Morales y aprobada en la Asamblea de las NNUU el pasado 22 de abril.

Bolivia denuncia sobrexplotación del planeta por países Capitalistas y propone derechos para la Madre Tierra

Foto: http://www.mapasdechile.com.ar

Fuente: ABI

Gentileza:

http://chaskinayrampi1.blogspot.com/

Bolivia denuncia sobrexplotación del planeta por países ricos y propone derechos para la Madre Tierra

Sharm El Sheik (Egipto), 13 jul (ABI).- El embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas (NNUU), Pablo Solón, denunció el lunes ante la XV Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados (MNOAL), que se realiza en Egipto, la sobrexplotación del planeta por los países ricos y propuso la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos de la Tierra presentada por el presidente Evo Morales y aprobada en la Asamblea de las NNUU el pasado 22 de abril.

"Para Bolivia, la humanidad está viviendo un momento crítico que requiere de grandes decisiones. En nuestro concepto, no estamos frente a una crisis financiera o económica coyuntural, sino frente a una crisis estructural del sistema capitalista que está consumiendo más de lo que el planeta es capaz de regenerar. Actualmente, cada año se consume un 30% más de la biocapacidad regenerativa de nuestra Madre Tierra. Imaginemos una familia que cada mes gasta un 30% de los ingresos que tiene anualmente. Eso es lo que está pasando", describió Solón durante su discurso.

Añadió que la "Madre Tierra está siendo sobreexplotada de manera insostenible" y que el cambio climático es una de las expresiones de "ese atentado a la naturaleza" donde los países desarrollados tienen una "deuda climática con toda la humanidad y en particular con los países en desarrollo".

Dijo que el Siglo XXI requiere de una nueva arquitectura de derechos donde se reconozca, que no solo los seres humanos tienen derechos, sino también la Madre Tierra y los otros seres vivientes.

"Por eso, el presidente Evo Morales en la Declaratoria del Día Internacional de la Madre Tierra en Naciones Unidas ha propuesto que empecemos a discutir una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y de todos los seres vivientes. El derecho a la vida, a reproducirse, a preservar su biocapacidad regenerativa, a una vida limpia, a vivir en armonía", enumeró. Afirmó que todos esos conceptos, son derechos de la Madre Tierra, que en este siglo se deben reconocer para emprender "un nuevo modelo de vida que en Bolivia se llama el Vivir Bien y que busca no sólo la solidaridad y armonía entre los seres humanos, sino con la naturaleza".

Lamentó que en las últimas dos décadas los glaciares de las altas montañas de Bolivia han empezado a achicarse y en algunos casos a desaparecer y advirtió que en los próximos 20 años algunos nevados están condenados a desaparecer con funestas consecuencias para la provisión del agua y el equilibrio de sistemas ecológicos que son ya muy frágiles.

Pidió apoyo para proteger la diversidad cultural que es un derecho fundamental de nuestros pueblos. En ese marco, dijo, Bolivia está pidiendo "que se supriman las prohibiciones a una práctica milenaria de los pueblos indígenas andinos, como es el masticado de la hoja de coca". "La hoja de coca no es cocaína. El masticado de la hoja de coca no causa ningún daño a la salud humana y por el contrario tiene propiedades medicinales", aseguró.

Agradeció la colaboración al proceso democrático de transformaciones en Bolivia con el que se logró frenar los intentos separatistas y divisionistas de algunos sectores oligárquicos que se resisten a una redistribución más justa y equitativa de la riqueza en Bolivia y demandó apoyo a Honduras para fortalecer su solidaridad para que no se consoliden los golpistas que han roto el orden constitucional.

ABI